Petizione alla Corte suprema israeliana per la riapertura delle indagini per il massacro di Gaza del maggio 2004.

Adalah (Organización de Derechos Humanos) junto con el Centro Palestino para los Derechos Humanos (Franja de Gaza) y Al-Haq (Cisjordania) presentaron una petición al Tribunal Supremo de Israel que exige la apertura de investigaciones criminales en la matanza de civiles y extensas demoliciones de hogares palestinos que fueron el resultado de dos operaciones militares en la Franja de Gaza – "Operación Arco Iris " (del 18-24 de mayo de 2004) y "Operación Días de Penitencia " (del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2004). Los acusados llamados en esta petición son: Ministro de Justicia Menachem Mazuz; Abogado Militar General Avihai Mandelblit; Shmuel Zakai, Comandante Militar israelí en la Franja de Gaza en el momento de las operaciones; el entonces Jefe de Mando Sur, Dan Harel; el entonces Jefe de Personal, Moshe Yaalon; el entonces Ministro de Defensa Shaul Mofaz; el ejército israelí; y el Gobierno de Israel, que estaba encabezado entonces por Ariel Sharon. La petición fue inscrita por el Abogado Adalah Marwan Dalal.

La operación militar, con nombre de código "Operación Arco Iris", llevo a cabo muchas matanzas de civiles, incluyendo al menos a 17 niños, y a la demolición de 167 casas, habitadas por 379 familias, comprendidas de 2,066 personas en áreas densamente pobladas de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El objetivo principal declarado por los militares israelíes y el gobierno para la "Operación Arco iris " localizar túneles donde supuestamente ocurrían contrabando de armas vía la Ruta Filadelfia, que separa Rafah del territorio egipcio.

Durante la "Operación Días de Penitencia", ejecutada en las áreas de la Franja de Gaza del norte, principalmente en Beit Hanoun, Beit Lahia y el campamento de refugiados Jabalia, muchos civiles fueron asesinados, incluyendo al menos 27 niños. Además, 91 casas fueron demolidas, habitadas por 143 familias, comprendidos de 675 personas, y un serio daño serio fue encajonado a las 101 casas adicionales, habitadas por 833 personas. El objetivo declarado de la " Operación Días de Penitencia" fue de parar el lanzamiento de cohetes de Qassam desde la Franja de Gaza al norte a Israel.

La petición contiene 135 páginas e incluye 89 suplementos. Esta contiene extensa documentación nacional e internacional, que claramente muestra la conducta de los militares israelíes y las intenciones detrás de las dos operaciones militares demuestran claramente la conducta criminal de los militares israelíes que constituyen represalias ilegales y áreas de limpiamiento de edificios civiles. Entre ellas están las declaraciones dadas por el General de Brigada (de la reserva Shmuel Zakai), el comandante militar directo de ambas operaciones, al periodista israelí Shlomi Eldar, que los documentó en su libro Eyeless en la Franja de Gaza. En el libro, publicado en el año 2005, Eldar cita a Zakai en cuanto a la "Operación Arco iris":

– El objetivo de la operación no era para nada encontrar túneles. ¿Sabe usted cómo surgió esta idea? El viernes me junté con los comandantes de las unidades para una reunión informativa, y en el camino oí al portavoz FDI (Ejercito israelí) por la radio que informa que el objetivo es de localizar túneles. ¿Cómo es que túneles? ¿Esto es el modo de conducir una operación para encontrar túneles?

Para la "Operación Días de Penitencia ", cita Eldar una conversación con Zakai:

– ‘Lanzamos la Operación "Días de Penitencia" porque estallaron las manifestaciones contra la FDI (Ejercito israelí) en Sderot. No hicimos esta operación que pensaban que nos estamos encargando de la amenaza más seria al estado de Israel’.

– ‘¿Tantas personas estuvieron implicadas en la producción de los Qassam? ¿Todos los talleres en la Franja de Gaza produjeron Qassam?, ‘ yo consulté y sabía (conocía) la respuesta.

– Zakai se estiró en su asiento y se largó a reír. ¡¡’ Hamas produjo Qassam en talleres, pero nosotros no sabíamos exactamente dónde ellos estaban!!! ‘

Los artículos de la prensa israelí, que contienen citas de comandantes y soldados que participaron en las dos operaciones militares, también revelan que la intención real era la venganza exacta y limpiar ciertas áreas arrasando edificios civiles. La documentación internacional incluye informes escritos por las Naciones Unidas y la Agencia de Trabajos (UNRWA), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el catedrático John Dugard, el Relator Especial sobre la Situación de Derechos Humanos en los Territorios palestinos Ocupados de las Naciones Unidas por Israel en 1967, Amnistía Internacional, la Federación Internacional para Derechos Humanos (FIDH), y la Human Rights Watch.

También incluida en la petición es la documentación de la extensa crítica internacional a los militares israelíes y al gobierno expresado poco antes y durante las operaciones militares. Entre aquellos individuos y organizaciones que condenaron la acción militar fue el Secretario General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión europea, varios enviados de Naciones Unidas y Relatores Especiales, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), y Amnistía Internacional.

El abogado Dalal argumentó en la petición que los actos cometidos por los comandantes militares y oficiales israelíes en ambas operaciones asciendan a ofensas criminales conforme a la ley israelí civil e internacional, y que aquellos responsables deben ser procesados e imputados por su responsabilidad. En ambas operaciones, los militares israelíes realizaron asesinatos “abusivos” y una extensa y desenfrenada destrucción de propiedades civiles, que es clasificada como graves violaciones al Artículo 147 de la Cuarta Convención de Ginebra, y por lo tanto son considerados Crímenes de Guerra.

Como los solicitantes afirmaron, las acciones de los militares israelíes constituyen las más graves violaciones a la legalidad internacional y a los Derechos Humanos, expresamente del derecho a la vida como está garantizado en el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (UDHR), el Artículo 6 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos Infantiles (CRC); y el derecho a la vivienda garantizado por el Artículo 25 del UDHR, Artículo 11 del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y Artículo 27 del CRC.

Los solicitantes también argumentaron que los comandantes militares y el mando político tienen la responsabilidad directa de ordenar las dos operaciones militares y supervisar la conducta de los militares en la ejecución de estas. Además, como estos individuos sabían o deberían haber sabido de estas violaciones, debido a la extensa crítica internacional expresada y la amplia cobertura por los medios de comunicación locales de las violaciones en curso, y porque ellos podrían haber, no castigado a ninguna persona, ellos por lo tanto también llevan la responsabilidad de estas ofensas criminales conforme a la doctrina de la responsabilidad de mando. Los solicitantes también argumentaron que si los autores de estos graves crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado no son llevados ante los tribunales en Israel, entonces cualquier estado que mantiene el principio de jurisdicción universal puede procesarlos. En un caso reciente a partir de septiembre de 2005, por ejemplo, un Tribunal británico emitió una oden de detención contra el General Doron Almog a su llegada al aeropuerto Heathrow (Londres) por presuntos crímenes cometidos durante su periodo como Jefe del Mando del Sur de los militares israelíes. Asimismo en noviembre de 2006, una solicitud de detención fue emitida contra el antiguo Jefe de Personal del
ejército israelí Moshe Yaalon en Nueva Zelanda por los asesinatos y heridos civiles en la Franja de Gaza en 2002. Demandas civiles en el extranjero son también posibles, como el caso de acción colectiva archivado en diciembre de 2005 contra Avi Dichter, el antiguo director del Servicio General de Seguridad (GSS), quien fue demandado en Nueva York por la muerte y más de 165 personas heridas, cuando los militares israelíes dejaron caer una bomba de una tonelada sobre Al-Daraj, una vecindad residencial en la Ciudad de Franja de Gaza.

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